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 Debate Interdisciplinariedad Argentina     20/03/2003 19:45  Fecha - Date
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La reciente aparición de la Resolución N° 191/03 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina, el 25 de Febrero de 2003, ha provocando profundo malestar y disconformidad de parte de profesionales provenientes del derecho y otras disciplinas, cercenando y excluyendo a prestigiosos y reconocidos mediadores y negociadores provenientes de las más variadas profesiones y con un incalculable aporte a este instituto, contando entre ellos a psicólogos, docentes, licenciados, trabajadores sociales, y otros provenientes de otras ramas del saber. Precisamente la Resolución dictada por el Ministerio restringe y escueta desacertadamente dicha actividad exclusivamente a los abogados, desconociendo y soslayando los principios rectores que hacen a la esencia de la mediación, negociación y resolución pacífica de conflictos en el orden nacional e internacional. La citada Resolución implica un retroceso para quienes abordan los conflictos desde la faz terciadora y una impronta social para el sistema, asimilando las funciones, rol y perfil que debe reunir un profesional de acuerdo a lo estipulado a un proceso con marcadas características judiciales, contrario a los fundamentos cognoscitivos de los cuales se instruye, a quienes deberán operar con esta técnica, en su etapa formativa; generando la aparición de un conflicto innecesario para quienes deben velar por su prevención, demostrando sus notables falencias ante la sociedad. Instituciones y profesionales de las más variadas disciplinas, nacionales y extranjeros, se solidarizaron y manifestaron su rechazo a la luz de lo expuesto.

Revista CIVILE.



 CESACIÓN DE PAGOS EN LA ARGENTINA     27/07/2002 00:14  Fecha - Date
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Es de público y notorio conocimiento la cesación de pagos por parte de las Entidades Bancarias en la República Argentina, las cuales decidieron de manera arbitraria, injusta e ilegítima no devolver el importe correspondiente, en concepto de ahorros, a sus respectivos propietarios, vulnerando de esta manera la propiedad privada consagrada por la Carta Magna. Los recursos de amparo interpuestos y las acciones judiciales incoadas, sobre todo en aquellas jurisdicciones en que la mediación ha sido establecida como una etapa previa y obligatoria a todo juicio, provocaron la asistencia y temprana retirada de la parte demandada, demostrando con ello un desequilibrio más que evidente de poder y el desinterés manifiesto por negociar frente al pequeño o desamparado ahorrista; haciendo gala tal vez de un estado de insolvencia que imposibilitaba su devolución. A pesar de que en un número reducido de acciones judiciales se fallaron a favor de los ahorristas, esto demostró hondas falencias en los sistemas legales y de resolución de conflictos. CIVILE-CENTRO EDITORIAL.-



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